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jueves, 14 de junio de 2018

Organizaciones de la sociedad civil envían acto recordatorio e intiman para la acción civil resarcitoria a favor del Estado dominicano en el caso Odebrechet

Santo Domingo, República Dominicana. El Centro Juan XXIII, Santiago Somos Todos, el Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo sj Centro Montalvo, Fundación Masada, y Participación Ciudadana, Capítulo dominicano de Transparencia Internacional, notificaron vía un Acto de Alguacil a Danilo Medina Sánchez, Flavio Darío Espinal, y a Jean Alain Rodríguez, en sus respetivas calidades de Presidente de la República Dominicana, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, y Procurador General de la República.
En dicho acto, establecieron que “en fecha 7 de junio de 2018, la Procuraduría General de la República presentó acusación en contra de los señores Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Jesús Vásquez, Tommy Alberto Galán Grullón, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, por violación a los artículos 2, 3, 4, 5 de la Ley núm. 448-06, sobre soborno en el comercio y la inversión; 146, 166, 167, 175, 177, 178, 265 y 266 del Código Penal; 2 y 7 de la Ley núm. 82-79, sobre Declaración Jurada de Patrimonio; 3 letras a), b) y c), 4, 8 letra b) y 26 de la Ley núm. 72-02, sobre Lavado de Activos, respectivamente, en ocasión de los US$92 millones de dólares que la empresa Odebrecht reconoció haber entregado por concepto de sobornos a funcionarios y legisladores dominicanos para la adjudicación de obras estatales”. 
Las organizaciones señalaron que, a pesar de la gravedad de los hechos y los daños ocasionados por los acusados, al presentar su acusación, el Ministerio Público omitió constituirse en actor civil, conforme a lo previsto en los artículos 50 y 51 del Código Procesal Penal, a fin de perseguir el resarcimiento de los daños y perjuicios causados a los intereses colectivos sufridos por el Estado dominicano.
En el acto también solicitan que se disponga que el Estado Dominicano proceda a constituirse en parte civil en el proceso penal de referencia, a fin de reclamar las correspondientes indemnizaciones de forma solidaria en contra de los hoy acusados Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Jesús Vásquez, Tommy Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández, y en contra de los acusados que corresponda adicionar a la acción penal en cuestión.
Recomiendan que de conformidad con lo previsto en el Artículo 373 del Código Procesal Penal, el Estado Dominicano designe dos abogados particulares de alto nivel profesional y probada honorabilidad e imparcialidad partidaria, como acusadores adjuntos del presente caso para que, junto a los miembros del Ministerio Público asignados al caso, se encarguen de sustentar, revisar, profundizar y completar tanto la acusación penal del caso de marras como las reclamaciones civiles que el Estado Dominicano deba exigir a los hoy acusados Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Jesús Vásquez, Tommy Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández y a los acusados que corresponda adicionar a la acción penal en cuestión.
Las organizaciones recordaron que en consonancia con el ordenamiento jurídico de la República Dominicana y dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se disponga que el Estado Dominicano solicite la inmediata asistencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para establecer en la República Dominicana una comisión internacional permanente contra la impunidad y la prevención de la corrupción, que permita una efectiva colaboración internacional para el monitoreo y seguimiento del presente proceso penal; y, que en adición, asista al Ministerio Público en las investigaciones y persecuciones de otros casos de corrupción similares en curso o pendientes de ser iniciados; y, colabore en el establecimiento y seguimiento de políticas, técnicas, procesos y mecanismos de prevención de la corrupción pública y privada en la República Dominicana.

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